El Gobierno se reúne con las víctimas de pederastia eclesial: “No aceptamos el plan de reparación unilateral de la Iglesia"

El choque entre el Gobierno y la Iglesia continúa. Un día antes de que la Conferencia Episcopal tenga en su agenda la aprobación de un plan de reparación a las víctimas de la pederastia, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se ha reunido este lunes con varias asociaciones de víctimas de abusos sexuales en las instituciones religiosas para explicarles la postura del Gobierno y su decisión de "no aceptar en ninguna circunstancia el sistema unilateral" diseñado por los obispos.

En opinión del Ejecutivo, se trata de un sistema de compensación "que no cuenta con la presencia de las víctimas, no es obligatorio para las diócesis y sus resoluciones no tienen carácter vinculante", por lo que "no se garantiza en ningún momento la reparación". "Ha costado mucho que las víctimas consigáis que la Iglesia reconozca el daño como para que ahora no se garantice una reparación adecuada. El Gobierno estará a vuestro lado", ha manifestado el ministro a los afectados.

Bolaños ha convocado a las víctimas tras advertir por carta al presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo Luis Argüello, que el Ejecutivo se opone al sistema "unilateral" diseñado por la Iglesia para indemnizar a las víctimas de los casos prescritos o en los que el agresor ha muerto, dado que ha sido planeado al margen del Ejecutivo y de las principales asociaciones de víctimas.

La decisión de la Iglesia

La reacción del Ejecutivo viene motivada porque los obispos han convocado este martes una reunión extraordinaria destinada a aprobar el llamado 'Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derecho víctimas de abusos sexuales' (PRIVA). Aunque en un inicio se creó un grupo de trabajo con el Estado para llevar a cabo la tarea pendiente de reparar a las víctimas de abusos sexuales, finalmente la Iglesia ha decidido actuar por su cuenta y convocar, sin haber llegado previamente a un acuerdo con el Gobierno o las víctimas, el pleno destinado a dar luz verde al plan que materializará cómo se llevarán a cabo las indemnizaciones.

El Defensor del Pueblo, en la investigación que concluyó que más de 440.000 personas han sido víctimas de la pederastia en instituciones religiosas españolas, a partir de la extrapolación de los datos de una encuesta, recomendó crear un fondo estatal, supervisado por un órgano independiente, con participación de la Iglesia, para llevar a cabo la reparación que ya han realizado otros países. Y, según el Gobierno, la mejor manera de cumplir con las recomendaciones del Defensor es que el Estado pilote la creación de dicha comisión, que estudie caso por caso, fije una cantidad económica y garantice el pago.

Para ello, el pasado abril el Ejecutivo presentó un plan de reparación oficial en el que exigió la colaboración de la Iglesia, pero los obispos se han negado a participar con el argumento de que se tienen que indemnizar a todas las víctimas y no solo a las que han sufrido agresiones sexuales en las instituciones católicas.

En este contexto, y para aumentar la presión sobre la jerarquía eclesiástica, Bolaños se ha reunido este lunes en la Moncloa con la Asociación de Víctimas de abusos de Navarra (AVA), la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), Justice Initiative España, ACASI, LULACRIS, la Asociación nacional de Víctimas Anuladas (ANVA), Mans Petites y la Fundación Vicki Bernadet.

La reunión con las víctimas

En la reunión, el ministro de Presidencia y Justicia ha asegurado a las entidades que pretende cumplir "fielmente" las recomendaciones del Defensor y, para allo, les ha garantizado que se seguirá dirigiendo a la Iglesia para negociar un sistema de reparación "obligatorio, efectivo y que cuente con la participación y aprobación de las víctimas, que genere un entorno seguro y de confianza para plantear sus casos, que cuente con criterios transparentes, esté integrado por profesionales independientes y compense adecuadamente a las víctimas", según ha informado Justicia.

Las asociaciones han salido "moderadamente satisfechas", según explica Juan Cuatrecasas, portavoz de ANIR. No obstante, el representante de las víctimas reconoce que es "difícil" que el Gobierno consiga que la Iglesia se sume a su plan de reparación, dado que prevé aprobar una hoja de ruta por su cuenta. Una decisión que los afectados no comparten porque las víctimas no han sido invitadas a participar en su diseño y ejecución, y "no es vinculante". "El plan de la Iglesia no puedo comprarlo", advierte Cuatrecasas.