Desmadre en las Dunas de Maspalomas

Centenares de personas se adentran en la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana, a diario. El desértico paisaje se ha convertido en uno de los favoritos por los turistas para disfrutar de las puestas de sol. Sentados en los médanos más altos para gozar de unas mejores vistas, muchos de los visitantes desconocen las nefastas repercusiones que esta acción, en principio inocente, tiene para la Reserva.

Las Dunas, con casi 404 hectáreas de arena, fueron declaradas espacio protegido por primera vez en el año 1987. El Gobierno de Canarias otorgó al espacio la categoría de Reserva Natural Especial siete años después, en 1994.

El propósito de este distintivo es la preservación de hábitats singulares, especies concretas, formaciones geológicas o procesos ecológicos naturales de interés especial y en la que no es compatible "la ocupación humana" ajena a fines científicos, educativos y, excepcionalmente, recreativos, o de carácter tradicional.

El impacto humano y los distintos procesos urbanísticos han modificado, desde hace varias décadas, la dinámica del viento y, por tanto, también la de las dunas deteriorando el emblemático paraje árido, el cual pierde aproximadamente 45.000 metros cúbicos de arena al año, que terminan en el fondo del mar.

Ante esta situación, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, ponían en marcha, a finales de 2018, un proyecto de conservación para preservar el sistema dunar.

El Plan de Protección Medioambiental de las Dunas de Maspalomas, llamado también 'Masdunas', pionero a nivel mundial para la regeneración del médano costero, pretendía "recuperar el ecosistema" a través de varias fases de actuación.

La señalización de los recorridos recomendados, la reposición de zonas en mal estado, el cuidado de la fauna del entorno y la ubicación de nueva cartelería informativa en los accesos son algunas de las medidas que las administraciones públicas han llevado a cabo desde entonces para paliar el acelerado deterioro del espacio protegido.

También se efectuó la rehabilitación de los 8 kilómetros de caminos y senderos que transcurren dentro de la reserva para recorrer el espacio, delimitados por 1.500 bolardos. Las cinco sendas delimitan el tránsito en el interior de las Dunas por lo que circular fuera de ellas está prohibido.

La cuantía de las sanciones por deambular en una zona de acceso restringido oscila entre los 150 y los 300 euros, cifra que no ha detenido a cientos de visitantes que invaden la reserva y que puede ascender hasta los 60.000 euros en casos de grave atentado ambiental.

El impacto humano no ha sido el único motivo por el que la reserva se ha visto gravemente dañada. Un estudio elaborado en 2021 por el Grupo de Geografía Física y Medioambiente del Instituto de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) revelaba que los quioscos de las playas aledañas ponen en riesgo la conservación del espacio protegido.

El análisis, titulado El impacto de los quioscos de playa en las dunas áridas, evidenciaba que estas infraestructuras provocan una desviación del viento que impide que se acumule la arena en la zona trasera de cada uno de los quioscos contribuyendo así a que se erosione el terreno y se incorpore una menor cantidad de material árido al sistema dunar que se localiza en el interior.

Los investigadores Abel Sanromualdo Collado, Leví García Romero, Irene Delgado Fernández, Manuel Viera Pérez y Nicolás Ferrer Valero, apuntaban que la solución es cambiar estos quioscos por otros más aerodinámicos o añadir a los actuales alguna estructura que permita al viento circular con mayor facilidad y que permita el transporte de arena hacia la propia reserva natural.