Pronto se cumplirá un año de la detención de Rafael Amargo, y casi coincidiendo con este aniversario, el juez del Juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid, Juan Ramón Reig Purón, ha dado cierre a la investigación contra el bailarín, su mujer y dos de sus socios. No ha sido un año fácil para el artista y todo lo que le ha rodeado, y desde el principio no ha dudado en defender su inocencia, pero el magistrado ha dictado un auto demoledor.
En él, se concluye que hay indicios suficientes para acusar a Rafael Amargo, a su mujer y dos de sus socios como presuntos autores de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas) y otro de pertenencia a grupo criminal; es más, Juan Ramón Reig Purón va más allá y cree que el propio bailarín era el cabecilla de esta organización, siendo su vivienda el lugar de operaciones.
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En el auto se expone que ese hogar sería el lugar que utilizaría la organización para la venta de drogas, aunque para algunos clientes destinase un servicio de entrega a domicilio a través de Uber. El juez añade que cada uno de los miembros del grupo tendría una función diferenciada dentro de la propia organización, por lo que la estructura estaba correctamente jerarquizada.