En el panorama laboral de nuestro país, muchos trabajadores se enfrentan a la desprotección y a situaciones que benefician más a las empresas que a los propios empleados. Una de estas dificultades se presenta cuando un trabajador decide abandonar su puesto de trabajo de manera voluntaria y sin una causa justificada, lo que conlleva la pérdida de un derecho fundamental: el acceso al paro.
La decisión unilateral de un trabajador de abandonar su empleo no solo implica la pérdida del derecho a percibir el paro, sino también la imposibilidad de cobrar la indemnización por despido. Esta medida tiene como objetivo prevenir fraudes en el cobro de prestaciones, ya que se requiere que la situación de desempleo sea legal, excluyendo así la baja voluntaria.
Dicho esto, el artículo 267.2 de la Ley General de la Seguridad Social establece los casos en los que no se considera que el trabajador esté en situación legal de desempleo, especificando que esto ocurre "cuando cesen voluntariamente en el trabajo, salvo lo previsto en el apartado 1.a) 5º".
Estas excepciones abarcan:
- Movilidad geográfica.
- Falta de notificación por parte del empleador con al menos 30 días de antelación.
- Modificación sustancial de las condiciones de trabajo a nivel individual.
- Ser víctima de violencia de género y estar obligada a abandonar el puesto de trabajo.
- Incumplimiento o retrasos continuados en el pago del salario acordado.
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En caso de que la situación del empleado no se ajuste a ninguna de las excepciones mencionadas, deberá cotizar en un nuevo empleo para tener derecho a recibir la prestación por desempleo.